IU llevará a pleno una moción en defensa del olivar

 

La portavoz de Izquierda Unida Juana Caro, ha presentado esta tarde una moción en defensa del olivar tradicional y el campo de la especulación, el objetivo de la moción es que se tomen medidas para apoyar este sector.

MOCIÓN QUE PRESENTA EL IZQUIERDA UNIDA PARA SU DEBATE Y VOTACIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN PLENARIA.

Exposición de motivos En España más de 250.000 familias viven de los olivos. La importancia del olivar no se puede medir únicamente en términos económicos, ya que también es fundamental para frenar la despoblación de las zonas rurales y para la sostenibilidad del medio ambiente. Así pues, estamos sin duda ante un “sector estratégico” que tendría que estar en el centro de cualquier proyecto de futuro mínimamente serio no solo para España, sino también para Valdepeñas y su comarca, la provincia de Ciudad Real y Castilla La Mancha. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) publicó recientemente un interesante estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de agricultura con un título muy sugerente: «La uberización del campo español». Este estudio, con conclusiones sin duda alarmantes, empieza poniendo de manifiesto el estado paradójico del sector de la agricultura. Lo cierto es que según los datos macroeconómicos vamos de récord en récord: la renta agraria, que viene subiendo desde 2012, alcanzó el año pasado la cifra récord de 30.217 millones de euros; el valor de la Producción Final Agraria alcanzó la cifra récord de 53.391 millones de euros; y las exportaciones agroalimentarias españolas han aumentado un 97,5% en los últimos 10 años alcanzando, también, un nuevo récord de 50.349 millones de euros. En resumen: los grandes números dicen que la cosa no puede ir mejor. ¿Cuál es la paradoja? Que todos estos datos no tienen nada que ver con la realidad de los pequeños y medianos agricultores que conforman esa inmensa mayoría que sostiene sobre sus espaldas el olivar. Los datos indican que en términos macroeconómicos la cosa parece ir bien, pero si a la inmensa mayoría le va mal eso significa que lo que en realidad dicen esos datos es que a unos poquitos les va muy bien. Como veremos más adelante, esos poquitos se pueden contar literalmente con los dedos de dos manos.

Empezamos 2020 con movilizaciones y protestas en el sector olivarero, advirtiendo que las ganancias de esta última cosecha pueden ser pírricas y, en algunos casos, ocasionar incluso pérdidas. La razón principal es el precio del aceite. Los datos reales que los agricultores manejan con sus propias manos no tienen nada que ver con los macroeconómicos. Los números son mucho más sencillos: a un agricultor le cuesta 2,75 €, de media, producir un kilo de aceite (costes de producción establecidos en 2015 por el Consejo Oleícola Internacional), mientras que vende ese mismo kilo de aceite por 2 €. De hecho, según POOLred, a día de hoy tanto el aceite de oliva lampante (1,7 €) como el oliva virgen (1,9 €) están por debajo de 2 € y solo el virgen extra está ligeramente por encima (2,2 €). La campaña 2018/2019 en Valdepeñas la aceituna se pagó a razón de 50 céntimos el kilo y para la actual campaña de 2019/2020 se barajan precios en torno a los 38 céntimos el kilo. Estamos hablando de precios inasumibles que suponen una caída de más del 40% respecto a la media de las últimas cuatro campañas. Esta bajada de los precios no se equilibra con una bajada de los costes de producción, por lo que arruina a los agricultores pero tampoco compensa a los propios consumidores, pues aunque el agricultor acaba vendiendo el litro de aceite a dos euros, el consumidor acaba pagando por éste entre tres y cinco euros, por ejemplo. Según el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) de noviembre, el precio del virgen extra se infla un 88% desde el origen (cuando lo vende el agricultor) hasta el destino (cuando se vende en una tienda). Otros ejemplo también más cercano es el de la uva, sangrante es tener que decir que la uva vale 3 pesetas, por no decir que vale 0,01 euros. Ante esta situación, los gobiernos no están dando una respuesta a la altura. En julio del pasado año, Eva García Sempere, diputada de IU por Málaga, registró una iniciativa parlamentaria en el Congreso denunciando el movimiento especulativo de los seis grupos de distribución  que concentran el 55,4% de la cuota de mercado en España (según cifras de Kantar Worldpanel) y proponiendo la creación de una Agencia específica del aceite de oliva para certificar la calidad y la pureza del aceite para así poder garantizar su trazabilidad. La respuesta del Gobierno dos meses después fue negativa.

Y es que los distintos gobiernos autonómicos y centrales no solo no han hecho nada para corregir esta situación, sino que han contribuido de manera decisiva a agravarla. La aprobación de tratados como el TTIP o el CETA suponen una cesión de la soberanía popular y nacional, es decir un trasvase de poder de los gobiernos a las grandes empresas multinacionales para que éstas puedan competir en condiciones de infinita ventaja con los agricultores, por ejemplo, allí donde lo deseen. Esto es lo que aprobaron los grupos de PP, PSOE, Ciudadanos y Vox en el Parlamentario Europeo. Otro ejemplo es el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur, que supone un auténtico mazazo para el sector de la apicultura andaluza precisamente en su peor momento. Con este acuerdo, las grandes industrias de Argentina, Brasil y Uruguay podrán inundar el mercado europeo con 45.000 toneladas de miel libres de aranceles, tirando los precios a la baja. Que los distintos gobiernos se hayan posicionado en contra de su propio pueblo no significa que no se pueda hacer nada. Un gobierno con voluntad podría tomar medidas desde el primer minuto. Algunas de ellas de aplicación inmediata, pero todas pasan por asumir la necesidad de un cambio estratégico para reforzar el tejido productivo en el que se basa el olivar tradicional. Para que esto sea posible, necesitamos que el valor de lo que generamos aquí se quede aquí. Es sencillo. Uno de los problemas fundamentales es que la plusvalía se queda fuera de España y aquí únicamente nos quedamos con el trabajo de menor valor añadido: la recogida. Reforzar el tejido productivo significa que debemos ser capaces de que todo nuestro aceite se procese, se envase, se etiquete y se exporte desde España al mundo. Esto se entiende mejor con un ejemplo concreto: lo que los fondos de inversión italianos nos compran por 1 €, ellos lo venden a 10 €, ganando una plusvalía de 9 € gracias al envasado y el etiquetado. ¿Podemos permitirnos esto siendo los mayores productores de aceite del mundo? ¿Tiene algún tipo de sentido? Por otra parte, el problema principal de los agricultores es que el valor de lo que generan se pierde por el camino en las manos de los intermediarios. Para enmendar esto necesitamos una mejora de la ley de la cadena alimentaria, trazabilidad de precios en la cadena, controles para garantizar la trazabilidad del aceite y la creación de una agencia que certifique la calidad y la pureza del producto.

La situación exige claridad y determinación: necesitamos regular un mercado que está secuestrado por un número reducido de empresas multinacionales. Urgen medidas legislativas que impongan mecanismos de transparencia y vigile el acceso de los fondos de inversión y del capital externo al sector de la agricultura. Regular significa, también, establecer un precio mínimo del aceite que al menos garantice una rentabilidad digna. Antes hablamos de las similitudes con el sector del taxi o de los repartidores. Otro sector afectado por la “uberización” es el de los alquileres, con precios abusivos totalmente inflados por la especulación de los fondos de inversión. ¿Cómo solucionó el Gobierno de Berlín este problema? Interviniendo los precios, congelándolos para impedir más subidas. El gobierno de Londres directamente ha expulsado a Uber. Un gobierno serio debería establecer un precio mínimo amparándose en el artículo 128 de la Constitución: “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiere el interés general”. En definitiva, necesitamos políticas valientes que superen el fracaso generado por el mal llamado “libre mercado” y por sus dogmáticos representantes –de diferentes colores– para garantizar la sostenibilidad del campo español, del olivar tradicional y de nuestros pueblos. Por todo ello, proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Valdepeñas la adopción de los siguientes acuerdos: 1. Exigir al Presidente del Gobierno y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural medidas de inversión económica para fortalecer el tejido productivo y los canales de comercialización del aceite.

De la misma manera, exigir una mejora de la ley de la cadena alimentaria, trazabilidad de precios en la cadena, controles para garantizar la trazabilidad del aceite y la creación de una agencia que certifique la calidad y la pureza del producto.

  1. Exigir al Presidente del Gobierno y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural el rechazo de los aranceles impuestos por el gobierno estadounidense de Trump, así como de todas las medidas que consolidan la competencia desleal contra los agricultores españoles y castellano-manchegos como el acuerdo UE-Mercosur, el TTIP y el CETA.
  2. Exigir al Presidente del Gobierno y al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, así como al Presidente de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha y a la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural medidas de intervención para evitar la especulación de las grandes empresas multinacionales y establecer un precio mínimo del aceite que en ningún caso sea inferior al coste de producción.
  3. Dar traslado de estos acuerdos a los representantes regionales de las organizaciones agrarias COAG, UPA y ASAJA, a los sindicatos CC.OO y UGT, a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y Cortes de Castilla La Mancha.
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