Se aprobarán 14.500 plazas de empleo público esta legislatura, incrementando en 8.000 la previsión inicial y blindando las plantillas

Las 8.000 plazas adicionales, que se aprobarán como consecuencia de la propuesta de García-Page en la Conferencia de Presidentes, permitirán reducir en tres años la tasa de interinidad del empleo público en la Administración regional al 8 por ciento. 

El 33 por ciento de las plazas serán para el sector de Educación, el 55 por ciento para el sector de Sanidad y el 12 por ciento para el de Administración General, en el que se incluye tanto funcionarios como personal laboral.

El Gobierno de Castilla-La Mancha aprobará a lo largo de toda la legislatura, a través del Plan de Impulso de los Servicios Públicos, un total de 14.500 plazas en diferentes convocatorias de ofertas de empleo público, incrementando en 8.000 las plazas previstas inicialmente.

Así lo ha anunciado hoy, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, en una rueda de prensa que ha ofrecido en el Palacio de Fuensalida tras informar al Consejo de Gobierno en relación con este asunto.

Ruiz Molina ha subrayado que fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que encabezó, en la Conferencia de Presidentes autonómicos que se celebró el pasado mes de enero, la propuesta de eliminar la tasa de reposición en los servicios públicos fundamentales que en los últimos años había impuesto el Gobierno de Mariano Rajoy a las comunidades autónomas. “Esa propuesta de García-Page fue aceptada”, ha añadido Ruiz Molina.

Una iniciativa de Castilla-La Mancha que, como también ha añadido, fue reforzada en una reunión posterior que él mismo mantuvo, acompañado por el director general de Función Pública, José Narváez, con la Secretaría de Estado de Función Pública.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha resaltado que este impulso de Castilla-La Mancha ha dado sus frutos, ya que las ofertas públicas de empleo de los próximos años van a estar constituidas por las plazas resultado del cálculo de la tasa de reposición y por otras destinadas a reducir la tasa de interinidad.

En relación con la tasa de reposición, Ruiz Molina ha indicado que se prevé que el Consejo de Ministros apruebe esta semana una tasa de reposición para los próximos años del 100 por ciento de las bajas en los servicios públicos fundamentales y de un 50 por ciento en los servicios que no tengan el carácter de fundamental”.

“Junto a esta tasa de reposición se va a permitir, y esto es como consecuencia de la propuesta que hizo García-Page, que vayamos reduciendo progresivamente la tasa de interinidad que tenemos en la Administración regional, de tal manera que se va a permitir que las ofertas de empleo público contemplen también un número de plazas durante los próximos tres años que reduzca considerablemente la tasa de interinidad que tenemos las administraciones públicas”, ha resaltado Ruiz Molina.

Se reducirá la tasa de interinidad al 8 por ciento en tres años

El consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, que previamente había informado al Consejo de Gobierno de estos cambios, ha anunciado que a las 6.500 plazas de empleo público que se había comprometido el presidente García-Page a aprobar en esta legislatura, incluidas en el Plan de Impulso de los Servicios Públicos, ahora se van a poder sumar en torno a 8.000 plazas adicionales para reducir la tasa de interinidad en tres años al 8 por ciento”.

De esta forma, ha puesto en valor Ruiz Molina, “a lo largo de esta legislatura habremos aprobado ofertas públicas de empleo por valor de 14.500 plazas, una cifra muy superior a las 6.500 que habíamos previsto inicialmente”.

Esta cifra total de 14.500 plazas en toda la legislatura, incluye las 1.714 plazas de turno libre que se aprobaron en la oferta de empleo público del año pasado; el resto serán las que se irán autorizando en los tres próximos ejercicios y que tienen por objeto “reducir la tasa de temporalidad de los interinos y reponer a todo aquel personal que por diferentes motivos abandone la Administración regional, ya sea por jubilación o por excedencias de todo tipo”.

El titular de Hacienda y Administraciones Públicas ha explicado que el 33 por ciento de las plazas serán para el sector de Educación, el 55 por ciento para el sector de Sanidad y el 12 por ciento para el de Administración General, en el que se incluye tanto funcionarios como personal laboral.

Ruiz Molina ha destacado que los cambios que se van a introducir respecto a las ofertas de empleo público permitirán que la Administración regional pueda “blindar las plantillas de los empleados públicos, de tal manera que no ocurra como en la legislatura pasada que se hicieron los ajustes a base de despidos de personal interino. A partir de ahora haremos que solamente haya una tasa de interinidad del 8 por ciento”, ha remarcado.

En relación con este asunto, Ruiz Molina ha finalizado su intervención resaltando que con la propuesta de García-Page que fue aceptada en la Conferencia de Presidentes, el Gobierno de Castilla-La Mancha “da estabilidad a las plantillas, genera empleo público, mejora la calidad de los servicios públicos y cumple con los compromisos adquirido con los empleados públicos y con los ciudadanos”. 

Castilla-La Mancha propone que se reduzca el endeudamiento de las regiones que sea consecuencia del mal funcionamiento del sistema de financiación en época de crisis

A preguntas de los medios de comunicación sobre una posible quita de deuda a las comunidades autónomas en el marco de la reforma de la financiación autonómica, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha subrayado que desde Castilla-La Mancha lo que se puso de manifiesto en su día es que “había un endeudamiento excesivo por parte de las comunidades autónomas que era como consecuencia del mal funcionamiento del sistema de financiación en épocas de crisis”.

Por lo tanto, ha explicado, lo que trasladó al Ministerio de Hacienda y Función Pública en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera fue una propuesta para “considerar la necesidad de reducir el endeudamiento que sea consecuencia de un mal funcionamiento del sistema en épocas de crisis y ha añadido, que desde Castilla-La Mancha “no se ha propuesto una eliminación total del endeudamiento en el que se ha incurrido en estos últimos años, pero sí calcular para cada Comunidad Autónoma qué endeudamiento ha sido motivado como consecuencia de esa caída de ingresos que se produjo en el sistema de financiación y que el sistema de financiación no contemplaba”.

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