Política: Los resultadosd ela EPA ponen números a la realidad social y económica de Valdepeñas

Política: Los resultadosd ela EPA ponen números a la realidad social y económica de Valdepeñas

Una vez incorporada la nueva base de población, en Castilla la Mancha la tasa de desempleo se sitúa en el 30,30 %. Un dato que habla por sí solo y que no permite más lecturas que la de la desastrosa situación económica, social y política de una región que se hunde a golpe de acciones políticas, tan inútiles y equivocadas, como el sistema económico que las sustenta. 

A nivel nacional y autonómico los datos de la última EPA confirman que la única política que emplea el Gobierno para reducir el desempleo es la emigración forzosa. Estos datos, desmienten cualquier tipo de “brote verde“, cebándose especialmente en el desempleo juvenil que se sitúa en el 52,86%. Lo que nos convierte en el segundo país del mundo con la mayor tasa.

A nivel municipal, la extrapolación de datos nos confirma que mes a mes la precaria situación se agrava. A la espera de los datos del mes de abril, ya adelantamos que las cifras serán idénticamente dolorosas. Y más, cuando desde IU de Valdepeñas comprobamos que el actual equipo de gobierno se muestra impasible, tardando meses, cuando no años, en aplicar medidas propuestas por IU para paliar este desastre socio-económico.

Resulta sangrante ver como la división y las guerras internas de un partido en el poder municipal (PSOE), es incapaz de coordinar y aplicar medidas que realmente sean útiles para los ciudadanos. En detrimento de esto, vemos como Pleno tras Pleno, el actual alcalde nos trae para su aprobación ordenanzas para la seguridad ciudadana, homenajes y distinciones… Pensando en garantizar el cobro de sus salarios, pasan los meses y los valdepeñeros y valdepeñeras seguimos esperando políticas que solucionen o palíen las distintas problemáticas que nos acucian.

Empleo juvenil.

Desde 2009, el 90% de los más de 5 millones de paradas y parados que se han creado en nuestro país son personas menores de 35 años, lo que supone una clara muestra de que son las y los jóvenes uno de los grupos sociales a quienes más castiga esta crisis.

Desde IU reivindicamos con emergencia el derecho a trabajar en condiciones dignas como uno de los derechos fundamentales y que está siendo violado sistemáticamente. Porque a las generaciones jóvenes no sólo se les está excluyendo ahora con la crisis económica. También en los años de burbuja y crecimiento económico hemos tenido una situación estructural de precariedad y temporalidad (en el Estado español el porcentaje de contratos temporales juveniles nunca ha bajado del 60% del total desde finales de los años 90). Porque existe claramente (haya crisis o no) unas condiciones estructurales que evidencian que las y los jóvenes cada vez tienen peores condiciones de vida y que son consecuencia del modelo de desarrollo del capitalismo europeo, de la construcción de la Unión Europea del capital bajo tratados como el de Maastricht. Porque no se ha conseguido consolidar un modelo económico con un fuerte crecimiento y generador de empleo digno que absorbiese la cantidad de trabajadores y trabajadoras jóvenes que salían al mercado laboral. Se apostó sin embargo, por un modelo especulativo, sobre todo en nuestro país, basado en el endeudamiento dentro de la Europa del euro gobernada bajo los intereses de la gran Banca y las grandes multinacionales.

Y ahora con esta crisis, son las generaciones jóvenes las que tienen que soportar como nos roban nuestro país, pues las salidas que nos ofrecen son: La emigración forzosa, el exilio económico que nos recuerda al exilio político al que hace ya 60 años nuestros abuelos y abuelas tuvieron que acometer abandonando un país sin futuro destrozado por el franquismo. Nuestros hijos e hijas se van porque no tienen trabajo y porque las políticas de los sucesivos Gobiernos del Régimen lo único que producen son excusas y más excusas para bajar salarios, despojar de derechos y garantizar que nadie se mueva porque a la mínima lo pueden sustituir por cualquiera. Son políticas que van en contra de los Derechos Humanos que reconocen el del trabajo como un derecho fundamental.

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